Por Doroteo Tobar
Ser periodista en Guatemala es un riesgo e implica una serie de peligros que van desde violencia física hasta la muerte. Reporteros sin Fronteras ha ubicado al país en el lugar 116 de 180 en la clasificación de Libertad de Prensa, tanto en 2018 como en 2019.
La Fiscalía de delitos contra periodistas recibió hasta julio 60 denuncias por distintos actos de violencia contra personas que ejercen periodismo en Guatemala.
La libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales continúa siendo un tema delicado. Con el cambio de gobierno a principios de 2020, desaparecieron casi por completo las campañas de desprestigio y difamación contra integrantes de la prensa, defensores de derechos humanos y miembros de sociedad civil y dio inicio una aparente apertura.
A más de diez meses de la nueva administración de Alejandro Giammattei Falla, es muy preocupante la situación de libertad de expresión en Guatemala. Y es que, en los primeros meses de gobierno, los riesgos de informar aumentaron cuando dominó la opacidad y el autoritarismo del gobernante.
Por eso cuando el 20 de enero, Alejandro Giammattei, cuestionó el trabajo de Marvin del Cid parece haber marcado la tónica de la relación que quiere con la prensa.
Del Cid fue reprendido por “hacer una serie de investigaciones basadas en no sé qué y nosotros mismos consideramos que se está extralimitando… Ojalá supiera quién le está diciendo a usted que nos investigue de esa manera” dijo Giammattei.
De acuerdo con las palabras del mandatario, el periodista se “extralimita” cuando hace su trabajo e investigación, pero cuando profundiza en el análisis es porque responde a intereses particulares para demeritar la labor del gobierno.
Lo sucedido el 20 de enero a Marvin del Cid fue un acto intimidatorio, una clara demostración de poder, una amenaza velada, una afrenta a sus derechos, pero lo fue también para la ciudadanía porque es la sociedad completa la que está en peligro cuando se le niega el derecho a estar informada.
Hasta el 19 de abril, el Observatorio de los Periodistas reportó 28 casos de ataques en contra de comunicadores sociales y medios de comunicación, en 13 departamentos distintos.
En dos de estos casos, la muerte fue el destino final, mientras los otros temen por sus vidas también, ya que nunca se está completamente seguro.
Carmen Chinchilla
El primero de los crímenes ocurrió la noche del jueves 6 de febrero en el municipio de Salamá, Baja Verapaz, al norte del país, cuando la locutora Irma del Carmen Chinchilla fue atacada con arma de fuego por un hombre que la interceptó cuando ella se dirigía a un gimnasio. La comunicadora iba acompañada por familiares, quienes resultaron ilesos. Chinchilla recibió un disparo en el rostro e inmediatamente fue trasladada al Hospital Nacional de Baja Verapaz. Debido a la gravedad de las heridas, la mañana siguiente la trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la zona 9 capitalina. Permaneció en cuidados intensivos hasta la mañana del lunes 10 febrero, fecha en que falleció.
Un comunicador, compañero de la víctima, aseguró que ella no había recibido amenazas de ningún tipo, sin embargo, en diciembre de 2019 ella denunció que era víctima de una campaña de desprestigio en redes sociales, aparentemente por temas personales y que no tenían relación con su profesión. El caso lo conoce actualmente la Fiscalía de Femicidio.
Brayan Guerra
El segundo hecho se suscitó la noche del 27 de febrero, con el ataque y posterior muerte del joven periodista Bryan Leonel Guerra Chegüen, conductor de noticias del Canal TL Com y vicepresidente de la Red de Comunicadores Sociales de Chiquimula.
Esa noche el periodista se dirigía a recoger a su pareja e hijo a un templo ubicado en la zona 4 de la cabecera de Chiquimula, cuando hombres a bordo de un vehículo lo atacaron con armas de fuego. Guerra logró comunicarse con los bomberos, quienes lo llevaron al Hospital Nacional de Chiquimula. Durante las 72 horas posteriores al ataque, el comunicador fue intervenido en dos ocasiones, debido a la gravedad de las heridas, pues los proyectiles penetraron el estómago, intestino y uno de los riñones. Guerra falleció la mañana del martes 3 de marzo.
El Observatorio de los Periodistas tuvo conocimiento de que en los últimos meses el periodista recibió amenazas de muerte, las cuales fueron denunciadas ante la policía y el MP locales, sin embargos, éstos no brindaron ayuda a Guerra ni investigaron el hecho, argumentando que no existían pruebas ni elementos para comprobar las amenazas. El reportero no habría denunciado ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, supuestamente, porque no tendrían relación con su labor periodística.
El Gobierno y Congreso restringen información durante crisis del Covid-19
Censura en medio de la emergencia
La pandemia mundial del nuevo coronavirus acentuó en Guatemala la crisis del sistema de salud pública, agudizó la situación de millones de ciudadanos y desnudó el problema de comunicación y relación del gobierno con los medios de comunicación, algo que no es nuevo ni exclusivo de esta administración, sino que es una situación que se ha repetido en los últimos gobiernos.
Si bien el gobierno de Alejandro Giammattei no ha replicado las ofensivas de su antecesor hacia la prensa, existen actitudes coléricas y preocupantes del gobernante hacia el papel de los periodistas que hacen temer que, en un cercano o mediano tiempo, se acrecienten las restricciones de información a la prensa, se continúe estigmatizando a los reporteros o se incurra en otras medidas para atacarlos.
Con la crisis del nuevo Coronavirus y las medidas sanitarias dictadas por el gobierno, la información respecto a esta emergencia empezó a ser bloqueada y retrasada por los responsables de comunicación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como de la Presidencia.
El 19 de marzo, la encargada de comunicación social de la cartera de salud, Ana Lucia Gudiel Zacarías, decidió cerrar el chat institucional que ese ministerio tenía con los periodistas. El cierre de este espacio ocurrió luego de que periodistas de distintos medios denunciaran la falta de datos y respuestas, respecto a las acciones implementadas respecto al Covid-19.
De acuerdo con denuncia de comunicadores en redes sociales, la vocera de la institución aseguró que se trabajaría con “listas de difusión”, para mejorar la comunicación. Salud Pública decidió abrir un nuevo chat, pero en esta ocasión, se excluyó a varios periodistas. Pese a la promesa de agilizar la información, la falta de respuestas y datos continuó.
Mientras la crisis avanzaba, en redes sociales, espacios de opinión y en algunas publicaciones de medios de comunicación se criticaban las respuestas del gobierno hacia la pandemia, entre ellas, la decisión de no masificar las pruebas, las acciones en materia económica y la incoherencia del mandatario entre sus declaraciones y sus decisiones respecto a la suspensión de labores y actividades públicas.
El 1 de abril, durante una entrevista televisiva, el presidente aseguró que tenían identificado a 7 personas que “están incitando a la sedición” por medio de las redes sociales, las cuales serían denunciadas ante el MP. Las declaraciones de Giammattei serían una respuesta a las numerosas críticas que él y sus funcionarios habían recibido en las últimas semanas. Pese a estos serios señalamientos, el gobierno no presentó pruebas de los supuestos mensajes o publicaciones, que a criterio del gobernante, incurrían en el delito de sedición.
Unas semanas después, la noche del sábado 11 de abril, en un nuevo exabrupto en cadena nacional, el gobernante acusó a reporteros de solicitar información, nombres y direcciones domiciliares de los pacientes infectados por el Coronavirus.
Es preciso recordar que cuando se conoció el primer caso positivo del Covid-19, fue el mismo presidente el encargado de brindar el nombre, edad y procedencia del paciente; incluso en este último tema brindó dos versiones. Además, en redes sociales circuló un listado de personas en cuarentena, el cual incluía nombre, edad, número telefónico y dirección, datos que habrían sido filtrados por alguien dentro del Ministerio de Salud.
Después de las acusaciones del mandatario, periodistas y activistas criticaron en redes sociales las declaraciones de Giammattei, las cuales carecían de cualquier fundamento o prueba. Las quejas de los reporteros hicieron que el Secretario de Comunicación Social, Carlos Sandoval, restringiera la participación de los periodistas en el chat de comunicación del Ministerio de Salud y de la Presidencia.
En un inicio, Sandoval dijo que la participación de los periodistas en estos espacios estaría restringida por poco tiempo, luego aseguró que las consultas serían de forma “personalizada” y “en privado”. No conformes con estas acciones, del chat de Salud Pública fue expulsada Francelia Solano, reportera del medio digital Nómada.
La mañana siguiente a este incidente, el Secretario de Comunicación intentó burdamente defender las declaraciones del presidente. En su cuenta de Twitter, Sandoval mostró dos mensajes en los que se le consultaba quiénes eran los 19 pacientes recuperados y dónde vivían, pero en ningún momento, los reporteros solicitaban dirección o nombre de los pacientes. Los reporteros buscaban saber municipio de residencia y número de pacientes, como los había catalogado el gobierno, brindando información sobre el sexo, edad y lugar de los infectados.
Esa misma tarde (el domingo 12 de abril), el director del Área de Salud de Quetzaltenango, Juan Nájera, indicó que no brindaría información respecto a casos del Covid-19 en ese departamento, aduciendo que existía una prohibición expresa del presidente, que solo él o el Ministerio de Salud podrían brindar información.
Censura desde el poder local
La censura, restricciones, amenazas y violencia física hacia los comunicadores sociales por parte de autoridades locales, son un problema que se repite año con año en Guatemala y trascienden a los cambios de figuras políticas o administraciones municipales.
El 15 de enero, reporteros del municipio de Pastores, Sacatepéquez, denunciaron que se les impedía ingreso al acto de toma de posesión del nuevo alcalde, Hugo Leonel Mendoza Reyes, quien ocuparía el cargo luego de cuatro periodos seguidos de Miguel Antonio López Barahona. Fue necesaria la intervención de la PDH para que los comunicadores pudieran realizar su labor.
Un día después de estos hechos, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, periodistas denunciaron que el Concejo Municipal, encabezado por el alcalde Juan Fernando López, electo por el Partido Humanista, les impidió cubrir la primera reunión que celebrarían, alegando que “desconocían” que la prensa podía ingresar.
Amenazas y ataques contra comunicadores departamentales
Uno de los primeros casos de violencia física y amenazas contra integrantes de la prensa conocidos durante este año es el de Óscar Quintana, colaborador de Nuestro Diario en el departamento de Santa Rosa, al suroriente del país. La noche del 29 de febrero, el reportero denunció que el Concejal Cuarto de Taxisco, Selvin Hernández López, lo golpeó durante la cobertura que daba a un evento de belleza.
Quintana relató que se encontraba cerca del escenario, cuando el funcionario lo golpeó en el cuello y derribó. El concejal incluso intentó agredir al elemento de seguridad que cuida al reportero. Tras el incidente, el político se retiró unos metros, pero continuó intimidando al periodista y retándolo para que se acercara a donde él estaba. El reportero aseguró que unos 30 minutos después que lo golpeara, Hernández López se acercó nuevamente hacia él, acompañado de varios hombres, para amenazarlo de muerte si no se retiraba del lugar. Hernández López fue electo en las últimas dos administraciones por el partido UCN, agrupación fundada y liderada por Mario Estrada, político que actualmente se encuentra preso en EE.UU., acusado de conspiración para el tráfico de estupefacientes. El concejal además es allegado al ex alcalde de Taxisco, Edgar Catalán, quien en noviembre de 2018 también lo amenazó de muerte.
En esta misma región del suroriente, integrantes de un canal de Jalapa denunciaron intimidaciones por parte del guardaespaldas de un alcalde. Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 31 de marzo, durante una reunión de alcaldes de Jalapa, que se celebraba en esa cabecera departamental. Los reporteros Alex Castillo y Antony Marroquín, integrantes de Alfa TV Canal 45, buscaban abordar al jefe edil de Monjas, Saúl Escalante, luego de que éste insinuó, durante una transmisión en vivo en redes sociales, que el medio mal informaba sobre la crisis de agua potable en ese municipio.
En un hecho más reciente, desconocidos ingresaron a la vivienda de Carlos Choc, reportero de Prensa Comunitaria en El Estor, Izabal, para robar equipo periodístico y teléfonos. El robo ocurrió la madrugada del sábado 18 de abril, pero el periodista notó el atraco hasta en horas de la mañana. Los desconocidos robaron una cámara marca Nikon, micrófonos de solapa, dos lentes fotográficos y dos celulares, que el reportero utilizaba para grabaciones de audio. Choc relató a la APG que cerca de estos objetos había también billeteras con dinero en efectivo y documentos personales, pero los malhechores únicamente se interesaron por el equipo de trabajo.
Acoso y restricciones durante la cuarentena
Después de la segunda semana de marzo, el Observatorio de los Periodistas reportó al menos seis casos de acoso y ataques contra periodistas (además de los hechos ocurridos en la capital y relatados con anterioridad) relacionados a la cobertura del Covid-19 y las medidas implementadas por el gobierno central. Estos actos ocurrieron en Quiché, San Marcos y Chimaltenango, en los que se acusó a las fuerzas de seguridad pública y funcionarios locales.
A mediados de abril, reporteros de Ixcán, Quiché, denunciaron limitaciones para acceder a la información respecto a casos y acciones de las autoridades locales respecto a la pandemia, luego que el 8 de abril la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) decidiera cerrar el chat de comunicación que tenía con la prensa. Aunque el delegado de la coordinadora, Aroldo Yohol, abrió un nuevo espacio de comunicación, se denunció que hasta el 14 de ese mismo mes, los comunicadores no habían recibido ningún tipo de información. Esta situación es similar a lo ocurrido con el chat institucional del Ministerio de Salud Pública y las restricciones impuestas por la responsable de comunicación social.
En San Juan Comalapa, Chimaltenango, una radio local (cuyo nombre y el de sus integrantes se reserva por seguridad) denunció haber recibido amenazas y advertencias para no informar sobre la supuesta violación al toque de queda de un funcionario municipal. El medio dijo que la última semana de marzo, circuló la noticia que el síndico suplente y secretario municipal, Nestor Peren Simón, había sido descubierto en estado de ebriedad violando el toque de queda. Por medio de mensajes anónimos y un perfil falso, la radio recibió advertencias para que no abordara el tema. El medio dijo que las amenazas pudieron provenir de la Municipalidad y aseguró que es común que periodistas o medios de comunicación reciban advertencias, sugerencias o amenazas para que no divulguen información comprometedora sobre su personal o funcionarios.
En Uspantán, Quiché, Antonio Chitop y Marlon Chitop, reporteros de Nuestro Diario y Radar Informativo, denunciaron intimidaciones por parte de un empleado municipal y un juez de asuntos municipales, cuando cubrían una jornada de limpieza en el parque central de la localidad. El hecho ocurrió el 1 de abril, cuando personal y propietarios de un comercio desinfectarían el parque, como medida de prevención al Covid-19.
En Malacatán, San Marcos, Tele Noticias 12, denunció que uno de sus integrantes fue acosado y obligado a borrar material periodístico por elementos de policía. La noche del domingo 12 de abril, el reportero se encontraba en una subestación del cantón Santa Lucía, recopilando información sobre la detención de un hombre, cuando agentes le dijeron que no podía hacer su trabajo allí y lo obligaron a borrar imágenes y video que tenía. Por el lugar pasó el alcalde Emilio Gálvez, quien pidió a los agentes que arrestaran al comunicador, según denunció el medio. Horas antes de este incidente, miembros del COCODE descubrieron a dos jóvenes que violaban el toque de queda, pero solo uno de ellos fue conducido por la policía. El joven arrestado denunció después que los COCODE lo habían golpeado y provocado heridas con un machete.
El 15 de abril, el periódico feminista “La Cuerda” denunció que una transmisión que realizaban mediante la aplicación “Zoom” fue interrumpida por insultos e imágenes pornográficas. Las integrantes del periódico realizaban una entrevista respecto al Covid-19.
Finalmente, el caso del periodista Sonny Figueroa de Vox Populi Guate que fue detenido frente al Palacio Nacional, la tarde del viernes 11 de septiembre en un confuso incidente. Figueroa fue dejado en libertad por falta de mérito el 12 de septiembre.
Pronunciamientos
La Alianza por las Reformas publicó el 17 de septiembre, un comunicado donde mostró su preocupación por la actitud que ha tomado el Gobierno de Guatemala respecto a la libertad de expresión en el país y a los comentarios que realizó el presidente Alejandro Giammattei sobre el tema el 15 de septiembre.
Según la alianza de organizaciones, durante su discurso, el mandatario señaló que la libertad de expresión es una responsabilidad muy grande y debía tomarse con seriedad, por lo que aseguran que los funcionarios públicos son los primeros llamados a actuar en forma responsable y seria.
Asimismo, recordaron que para finales de julio del presente año, la Fiscalía de delitos contra periodistas del Ministerio Público (MP) había recibido 60 denuncias por distintos actos de violencia contra personas que ejercen periodismo en el país y que los datos no reflejaban el número real ya que hay denuncias que ya no llegan al MP.
Agregaron que uno de los tipos de agresión menos denunciado, pero que ha sucedido durante la actual administración es la criminalización de periodistas y la amenaza de usar el derecho penal en su contra, lo cual “genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión” según indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las asociaciones mencionaron como ejemplo el caso del periodista Sonny Figueroa quien fue detenido, inculpado de cohecho activo contra un agente de la Policía Nacional Civil, coincidentemente después de haber realizado una investigación sobre el jefe del Centro de Gobierno.
“Hacemos notar que la administración presidida por Giammattei ha incumplido la promesa hecha en enero de 2020 de crear el Programa de protección a periodistas, lo que también refleja su escaso compromiso de garantizar las libertades de expresión y de prensa”, expresan los firmantes.
Además, se comprometieron a mantenerse alertas ante las expresiones del gobierno, ya que ha demostrado su rostro “antidemocrático” y de no cesar en la defensa y ejercicio de las libertades mencionadas, pese a las agresiones recibidas.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que existe una preocupación por la situación que están atravesando los periodistas en Guatemala.
“La Comisión ha sacado una resolución con directivas muy claras del rol del periodismo en este contexto de pandemia y los Estados deben facilitar su trabajo, que concurran las preguntas sin temor a ser perseguidos, además la obligación de transparencia reforzada en este contexto”, señaló Lanza.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, dijo que hizo una recomendación publica al presidente sobre la obligación de facilitar información para que la población esté informada.
“Que reestablezca los canales de comunicación efectivos y recíprocos que permitan a los periodistas y medios de comunicación la información oportuna; garantizar el libre acceso a la información es particularmente importante”, dijo Rodas.
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