Por: Cindy Camey
Las extorsiones se convierten en presiones o exigencias, mediante amenazas o intimidaciones sobre las víctimas, para que éstas paguen ciertas sumas de dinero en forma mensual, a cambio de no ser agredidas. Comúnmente, los delincuentes atacan a sus víctimas cuando éstas no ceden a sus demandas ilícitas. Las agresiones contra la vida, integridad personal y bienes de los extorsionados no se dejan esperar. Abundan los casos de asesinatos, violaciones, lesiones, robos y destrozos asociados a la extorsión, que demuestran hasta donde llegan los extorsionistas cuando los amenazados no les entregan el dinero que les son exigidos.
El dinero reclamado por los delincuentes varía de acuerdo a los recursos económicos con los que supuestamente cuentan los extorsionados. Por supuesto, los requerimientos aumentan cada cierto tiempo al punto que para muchos extorsionados se vuelven prácticamente impagables, lo que puede traducirse en agresiones físicas o psicológicas contra los extorsionados o sus familiares, el destierro o, incluso, el asesinato.
Ha trascendido que en la cadena criminal se involucran policías corruptos, con quienes los extorsionistas comparten el producto de los cobros ilícitos. A esto habría que agregar que las autoridades, para acreditarse “golpes de efecto”, hacen redadas de presuntos extorsionistas, pero sin pruebas que los incriminen, lo que obliga a las autoridades judiciales a liberarlos casi inmediatamente. Esto supone una suerte de “puerta giratoria” (de ingresos y egresos) que desacredita y resta credibilidad a la justicia oficial.
Sin duda, la corrupción de autoridades causa estragos en todo el sistema de seguridad y justicia, al extremo que la gente no tiene más recurso que defenderse por propia mano de la delincuencia. Lamentablemente, la alegación de legítima defensa es tan controversial y difícil de demostrar que muchas veces se convierte en una guerra en contra del que se defiende.
La curva de extorsiones ha llegado a tal nivel que muchos dueños de viviendas, medios de transporte y negocios medianos y pequeños (farmacias, tiendas, librerías, talleres, panaderías, abarroterías, gasolineras, restaurantes, edificios, etcétera) en diferentes zonas de la Capital y de otras áreas urbanas en el interior del país, están abandonándolos debido a los impagables requerimientos dinerarios que les hacen los pandilleros.
Según información del Ministerio de Gobernación, durante el primer semestre de este año se registraron 6 mil 186 denuncias por extorsión, extremo que confirma las extorsiones han continuado aumentando y que, sin duda, el desempleo y la desaparición de fuentes de trabajo durante la pandemia del coronavirus (COVID-19) han sido detonantes de esta plaga.
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