El pasado 27 de julio del presente año, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei anunció el plan de reactivación económica, en la que incluyó el servicio de buses en todos los niveles de alerta.
Con la apertura gradual de la economía, varias empresas demandan la presencia de los trabajadores para duplicar la mano de obra o cumplir con los servicios que ofrecen. Los empleados que no tienen automóvil deben gastar en taxi o arriesgarse en vehículos saturados, en los que el distanciamiento físico no existe.
De la misma manera, la necesidad de hacer algún trámite, compras o cualquier otro asunto es lo que mueve a los usuarios del transporte público para trasladarse fuera de los municipios y de los departamentos.
Es entonces, el usuario del transporte público el que se ve afectado de esta crisis que se vive a causa de la pandemia del Covid19, en la que ni las empresas del transporte o el mismo Gobierno buscan alternativas que beneficien a la población que usan el transporte público.
El Gobierno, luego de la mesa de negociación, ofreció a los empresarios del transporte un subsidio de Q.2.50 por cada pasaje, exoneración de multas y dejar fuera de circulación a las unidades en malas condiciones, una medida que no fue suficiente para los empresarios, que de nuevo entran en discusión sobre lo que es mejor para ellos y como siempre el usuario queda en último plano.
El transporte público es más que necesario, sobre todo para muchos guatemaltecos que no cuenta con un vehículo propio, y que a pesar de ello se esfuerzan por llegar a su trabajo o cualquier otro destino, arriesgando su vida y pagado altas tarifas de pasajes en carros particulares o taxis que ofrecen el servicio de transporte de forma oficial o clandestina.
Lo que se vive actualmente bien podría ser una oportunidad para mejorar y modernizar el servicio de transporte público en el país, sin embargo, los altos costos que esto implica es un inconveniente para los empresarios, que como es costumbre, pensaran primeramente en ellos y por último en el usuario.
El departamento de operaciones conjuntas de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil, el 27 de julio implementó en Guatemala un “Plan de seguridad para el transporte colectivo” mismo que estará vigente hasta nuevas disposiciones presidenciales, pero pareciera que no es suficiente, porque además de la seguridad que el gobierno debe ofrecer a los ciudadanos también es importante el tema económico.
Desde el año 2017 hasta la fecha, se han registrado un total de 258 denuncias de los usuarios de transporte registradas en el sistema de gestión de denuncias por la Procuraduría de los Derechos Humanos de las cuales las más recurrentes han sido por el aumento del pago del pasaje, mal trato a los usuarios, exceso de velocidad y mala atención.
El transporte público puede reactivarse fácilmente, solo es necesario seguir el protocolo, pero el usuario necesita seguridad, mejores condiciones, higiene y un buen trato. De esa cuenta es necesario tener un equilibrio entre empresarios del transporte y los usuarios, priorizando las necesidades de los últimos como punto de partida.
Por Doroteo Tobar
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